Resumen: Se estima el recurso del SEPE en el que plantea si la suspensión del contrato de trabajo por un ERTE-Covid debe computarse como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. La Sala reitera que no hay derecho a generar prestación durante el tiempo que el actor estuvo en situación de fuerza mayor COVID, por lo que el periodo por desempleo por causa de un ERTE-Covid no se puede considerar como periodo de ocupación cotizada a efectos del reconocimiento de un nuevo derecho a la prestación. Señala en interpretación del art. 269 LGSS que no pueden tenerse en cuenta cotizaciones ya computadas para el reconocimiento de un derecho anterior ni computar las del SEPE o empresa durante el tiempo de abono de la prestación. La normativa especial COVID-19 no introduce una nueva regla de la que pudiere derivarse que esa clase desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general, ni pretende generar un derecho distinto y más extenso que el contemplado en la LGSS, sino mantener para el trabajador el mismo estatuto jurídico reconocido en la normativa ordinaria, pese a la inexistencia de cotizaciones empresariales en el periodo de prestación de desempleo COVID. Además, los principios en los que se sustenta la prestación de desempleo establecen que tan solo el efectivo desempeño de servicios laborales durante un determinado periodo temporal puede generar el correlativo derecho a la prestación. Se descarta que quepa aplicar una especie de doctrina del paréntesis.
Resumen: Se desestima que la pensión de viudedad que se ha reconocido por el fallecimiento del marido de la actora es derivada de enfermedad profesional por contacto con el amianto. Previo análisis de la revisión de los hechos que se estima se señala que las sentencias de los Tribunales Superiores que se citan en el motivo, no constituyen jurisprudencia en que se pueda basar un recurso de suplicación; y concluye que no consta que la enfermedad que provocó el fallecimiento del causante se produjera a consecuencia de su trabajo y que estuviera provocado por los elementos que se recogen en el RD 1299/2006.
Resumen: Cambio de jurisprudencia de la Sala IV en atención a la STC 140/2024, de 6 de noviembre , que ha declarado la inconstitucionalidad de los arts. 48.4 ET y 177 LGSS en cuanto impiden extender el permiso de nacimiento y cuidado de menor en supuestos de familia monoparental, con lo que ha venido a remover los obstáculos legales en los que se sustentaba la doctrina de la Sala IV (STS de Pleno número 169/2023, de 2 de marzo, rcud. 3972/2020). Declarada la inconstitucionalidad de tales preceptos legales, la sentencia expone que la Sala IV está obligada a sentar una nueva doctrina en la materia, y resolver el presente asunto con base a lo establecido por el Tribunal Constitucional en su precitada sentencia. En tanto el legislador no lleve a cabo la consiguiente reforma normativa, en las familias monoparentales el permiso a que hace referencia el art. 48.4 LET , y la prestación regulada en el art. 177 LGSS , ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso del primer párrafo para la madre biológica (dieciséis semanas), el previsto en el segundo para progenitor distinto (diez semanas, al excluirse las seis primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto). Se estima parcialmente recurso interpuesto por el INSS a fin de que el reconocimiento de la ampliación de la prestación de nacimiento y cuidado de menor quede fijado en 10 semanas.
Resumen: El recurso de casación para la unificación de doctrina fue interpuesto por el Abogado del Estado en representación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estimó el recurso de suplicación de una trabajadora afectada por un ERTE-Covid reconociéndole el derecho a una prestación por desempleo de 720 días, computando como cotizados los 193 días de suspensión del contrato por ERTE. El SEPE alegaba que, conforme a la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y la normativa especial derivada del Real Decreto-ley 8/2020 y 30/2020, dicho periodo no debe computarse como cotizado para generar un nuevo derecho a prestación siguiendo la doctrina de la sentencia de contraste del TSJ de Extremadura que desestimó una demanda similar. La Sala aplicando la doctrina consolidada en la STS 980/2023 y otras posteriores concluye que el periodo de suspensión del contrato por ERTE-Covid no computa como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo pues la normativa especial no introduce ninguna excepción a la regla general del artículo 269 LGSS que exige la efectiva realización de trabajo para computar cotización. La exoneración de cuotas empresariales durante el ERTE no implica que el tiempo de prestación se considere cotizado para generar nuevos derechos, sino que busca evitar perjuicio al trabajador por la falta de cotización empresarial. Por tanto, la sentencia recurrida contiene doctrina errónea y debe ser anulada confirmándose la sentencia de instancia que desestimó la demanda
Resumen: Consolida jurisprudencia (STS 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022)). La Sala IV, tras el examen de las diferentes normas denunciadas, reitera una vez más que la regla general sobre esta materia está recogida en el art. 269 de la LGSS y, haciendo especial énfasis en su apartado segundo, recuerda que, a efectos de determinar la duración de la prestación por desempleo, en función de los periodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores "no pueden tenerse en cuenta las cotizaciones que ya hubieren sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, sin que puedan tampoco computarse las que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, durante el tiempo correspondiente al abono de la prestación". El único supuesto expresamente exceptuado de esa regla general es el de las prestaciones reconocidas en virtud de la suspensión de la relación laboral por causa de violencia de género. Por "periodo de ocupación cotizada" debe entenderse "el de trabajo y cotización. En este singular régimen jurídico hay relevantes particularidades para la prestación de desempleo covid -que claramente modifican algunas de las reglas generales en la materia-, pero que no alteran la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado que permita generar un nuevo periodo de desempleo. La Sala IV estima el recurso de la demandada frente a la STSJ que había estimado la demanda del trabajador.
Resumen: Se deniega la pensión de viudedad porque a la fecha del hecho causante la actora se encontraba divorciada y no era perceptora de pensión compensatoria alguna ni había sido víctima de violencia de género; y, a su vez, concurre la institución de la cosa juzgada, en cuanto ha existido pleito previo en el que se pudieron alegar las cuestiones que se suscitan ahora. La revisión de los hechos se ha desestimado porque no se ofrece un texto alternativo al relato judicial.
Resumen: La cuestión a resolver consiste en determinar si debe computarse como cotizado el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo en ERTE covid por fuerza mayor, a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. Y el TS, reiterando doctrina (TS 16-11-2023, rec 5326/22 ) da tal cuestión una respuesta negativa, y declara que en las prestaciones por ERTE COVID por fuerza mayor el periodo de desempleo no puede computar a efectos de ampliar la duración de la prestación no estando contemplado este derecho en la normativa especial de la pandemia (RD-Ley 8/20), siendo aplicable la regla general del art. 269 LGSS que la excluye. Reconoce que hay particularidades relevantes para la prestación por desempleo COVID pero no alteran la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado para generar un nuevo periodo de desempleo, no recogiendo que el periodo de percepción de prestaciones pueda computarse y generar derecho a nueva prestación como si de ocupación cotizada se tratase. La situación jurídica queda en los mismos términos que el art. 273.2 LGSS, evita que sea periodo carente de cotizaciones empresariales. No genera para el desempleo más beneficios mantiene los derechos del trabajador. Se exige efectiva realización de ocupación cotizada
Resumen: Beneficiario de prestación de desempleo causado tras ser despedido disciplinariamente por su empleadora, impugna la resolución denegatoria de su capitalización solicitada el 19/04/22. La instancia estima la demanda. La sentencia comentada, luego de descartar que para la admisibilidad del recurso sea preciso aportar al anunciarlo certificación de que durante su sustanciación se procede a su pago, por tratarse de la modalidad de pago único, rechaza tres revisiones fácticas, y, confirma la decisión del Juzgado, argumentando que, no concurren elementos indiciarios de actuación fraudulenta para tener acceso al pago único, ya que, consta el cese involuntario en el trabajo por cuenta ajena derivado del despido, el inicio de una actividad por cuenta propia a través de una sociedad en la que el demandante tiene participación mayoritaria, y la existencia de una cierta distancia temporal entre el despido y la solicitud de pago único, sin que desvirtúe tal conclusión el hecho de no haber impugnado judicialmente la medida extintiva, o la similitud del objeto social de la empresa en la que el trabajador prestaba servicios y la mercantil que constituyó para emprender un proyecto de actividad como autónomo.
Resumen: El interesado solicitó prestación de ingreso mínimo vital indicando que convivía con su madre, así como que convivía con su madre que está jubilada. El solicitante ha cotizado en un fondo de jubilación SPP en la mutualidad HNA que en la actualidad alcanza un valor de 24.334,05€, el cual no incluía en su patrimonio porque solo es recuperable en el momento de la jubilación. El 26 de marzo de 2021 se le reconoció la prestación con efectos 1 de junio de 2020, pro el 21 de diciembre de 2022 se acordó la extinción del derecho con efectos de 1 de enero de 2022 al no concurrir situación de vulnerabilidad económica, por superar el límite de patrimonio en el ejercicio 2021; al efecto se computaron, a través de la información tributaria, Activos no societarios de 27.636,19€ que incluye saldos bancarios 2.619,05€, valor rescate seguros de vida 24.725,20€, planes de pensiones 294,94€. Se cuestiona si a los efectos de vulnerabilidad económica se deben computar o no las cantidades que como valor de rescate de la póliza suscrita por el recurrente con la HNA mutualidad de Arquitectos que cubre el riesgo de jubilación, respondiéndose que el capital referente, bien se valore como un fondo de pensiones bien como un seguro complementario de la jubilación, es computable como patrimonio para determinar los límites de vulnerabilidad económica.
Resumen: La demandante vino percibiendo prestación por desempleo con una duración de 120 días (23/07/2024 a 22/11/2024). Posteriormente prestó servicios en virtud de contrato de trabajo fijo discontinuo a jornada parcial desde el 02/10/2023 al 27/06/2024 y desde el 03/10/2023 al 28/06/2024, así como en virtud de contrato de trabajo temporal por circunstancias de la producción a tiempo parcial del 05/02/2024 al 22/07/2024. El 01/10/2024 reinició su actividad como fija discontinua prevista hasta 26/06/2025. El 07/10/2024 solicitó reanudación de la prestación por desempleo. En el régimen de incompatibilidad de las prestaciones por desempleo se prevé la compatibilidad de la prestación con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial, deduciendo de su importe la parte proporcional al tiempo trabajado; sin embargo, al trabajador de carácter fijo discontinuo que sea llamado para reiniciar su actividad se le suspenderá o extinguirá el derecho a la prestación según que la duración del trabajo sea inferior, igual o superior respectivamente a (doce) meses, de modo que a los trabajadores de carácter fijo discontinuo se les suspende o interrumpe el pago de prestaciones cuando la actividad se reinicia, sin distinguir el tratamiento para trabajo a tiempo parcial o para uno a jornada completa.
